A pocos días de cumplirse 10 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el Gobierno informó que ha desclasificado información de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para remitirla a la Justicia, según informó un funcionario al elDiarioAr.
Esta decisión se conoce justo cuando el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, presentó un informe que establece que Nisman fue víctima de un homicidio vinculado a su trabajo en la investigación del atentado a la AMIA y el Memorándum de entendimiento firmado con Irán durante el mandato.
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Esta desclasificación, de la cual no se conoce el contenido de esos archivos, es por pedido de la fiscalía de Taiano. La causa, a cargo del juez Julián Ercolini, se mantiene abierta, con la declaración de espías que tuvieron “comunicaciones relevantes” el fin de semana de su muerte.
El informe de Taiano subraya que la muerte de Nisman estuvo motivada por su labor en la UFI-AMIA y enfatiza cómo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner habría desviado las investigaciones sobre el atentado a la AMIA, que cobró la vida de 85 personas en 1994 , al firmar un pacto con Irán por un cambio de beneficios económicos.
El cuerpo de Alberto Nisman fue encontrado el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero. Nisman había sido designado por Néstor Kirchner para investigar el atentado a la AMIA y, antes de su muerte, denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios por el memorándum con Irán. Aunque sectores de la derecha sostuvieron que fue asesinado, esta hipótesis no fue probada, ni siquiera durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que el macrismo fue un sector activo en sostener esta denuncia desde que el fiscal fue hallado sin vida.
La muerte del fiscal Alberto Nisman y la extendida sospecha de que se trató de un asesinato o suicidio inducido por algún sector de los servicios de inteligencia sacudió al poder político. Aun hoy no se conoce qué pasó con Nisma.
Hay dos hipótesis que sostiene el poder político sobre de dónde vendría la orden para acallar al fiscal. La del kirchnerismo apunta a Diego Lagomarsino y a la mano de Antonio «Jaime» Stiuso, sector de los servicios de inteligencia heredado de los tiempos del genocidio, que está directamente vinculado a la CIA y el Mossad. Para la oposición derechista -incluidas las corpos mediáticas- y para un sector del imperialismo, el suicidio del fiscal responde a una operación de la inteligencia argentina dirigida por el general César Milani o por sectores proiraníes, o directamente de la inteligencia iraní. El objetivo sería mantener el encubrimiento a favor de Irán en lo referente al atentado a la AMIA. En las dos hipótesis enfrentadas hay un denominador común: es el Estado, a través de sus funcionarios políticos y judiciales y sus servicios de inteligencia, el protagonista de una trama criminal.
Hoy el Gobierno de Milei accede a desclasificar los archivos de la muerte del fiscal Nisma, mientras continúan cerrados bajo siete llaves los archivos sobre el atentado contra la AMIA. A 30 años del brutal atentado a la mutual judía, se pudo obtener la verdad de lo ocurrido, ni justicia para los familiares de las víctimas. La impunidad en torno a lo ocurrido sigue vigente. Como afirman muchos de los familiares de las víctimas, sin la apertura irrestricta y completa de los archivos de la Policía y de la ex SIDE -lo que todos los gobiernos se negaron a hacer, más allá de los discursos y de maniobras que intentan mostrar esa apertura- con plenos derechos de familiares y organismos de derechos humanos para investigar, es imposible avanzar con justicia.