Marcha Federal LGBT: miradas desde la política, la Justicia y la sociedad civil

El dirigente considera que la virulencia del discurso de Javier Milei está ubicada en el contexto del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. “La asunción de Trump radicaliza a Milei. Lo potencia y hace que vaya a hacer este papelón a Davos. Es parte del sobregiro de Milei en un contexto internacional que lo potencia”.

Lucía De La vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierte sobre los peligros del discurso extremo gubernamental. “Son discursos de exclusión e intolerancia de la vida política de actores sociales, como somos las mujeres y diversidades con profundo impacto cuando vienen de la mano del presidente de Argentina”.

Uno de los ámbitos que recibe denuncias y pedidos de asesoramiento y asistencia casi a diario por casos de discriminación y/o violencia es el de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Su titular, Guido Lorenzino también advierte sobre el peligro de los discursos de odio. “Nos quieren hacer retroceder a épocas de ignorancia, vergüenza y miedo. Los ataques homofóbicos y transfóbicos de los últimos días son aberrantes y lamentablemente generan un escenario de gran violencia. Todos esos discursos están basados en mentiras y prejuicios; no tienen ningún tipo de sustento en la realidad. El colectivo LGBTQ + tiene un alto nivel de organización producto del reclamo de sus derechos durante años, por lo que no va a ser fácil para quienes difunden el odio salirse con la suya. Sin aceptación de las diferencias no hay manera de vivir en sociedad y en paz”.

Femicidios e igualdad ante la ley

Otro de los ejes del discurso presidencial que puso en alerta al colectivo de mujeres fue la crítica a la figura de femicidio y el anuncio, luego, por parte del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona del eventual envío de un proyecto de ley para eliminarla del código penal.

El presidente dijo en Davos que el feminismo es una «búsqueda de privilegios» y que “llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

La jueza porteña Karina Andrade -quien preside el juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15-, advierte por qué es importante el agravante por femicidio y asegura que la figura no implica un privilegio para las mujeres, sino al revés.

“La figura no debe ser derogada, ya que visibiliza las muertes por violencia de género que ocurren de manera prácticamente diaria en Argentina y en el mundo. Es necesario aclarar que no todo homicidio de una mujer es femicidio, sino que lo es cuando ocurre en un contexto de violencia de género, es decir, en una relación de poder desigual basada en el género. Su aplicación no jerarquiza la vida de las mujeres, sino que identifica que su muerte estuvo marcada por una discriminación estructural y social, lo que la diferencia del homicidio común. Tampoco esto es exclusivo del femicidio, pero existen otras figuras agravadas en el Código Penal que, en virtud de circunstancias específicas de los hechos —tales como el odio racial, religioso o por orientación sexual—, prevén también la pena máxima. El fundamento son los motivos de discriminación y opresión subyacentes. Son crímenes que tienen un componente de discriminación estructural y social que los distingue del homicidio común, y por eso requieren una respuesta estatal específica para prevenirlos. Algo similar pasa en casos donde se agrava por el vínculo, solo que el foco de mayor protección es otro. El homicidio dentro de la familia o a la pareja, por ejemplo, sin importar el género de cada uno, tiene también prevista la pena máxima”.

Paulón agrega que el concepto presidencial sobre la igualdad ante la ley es una falacia: “El gobierno dice que todos somos o debemos ser iguales ante ley. Esta idea boba que plantea el gobierno que dice que somos todos iguales y tenemos los mismos derechos no es real. La idea real de la igualdad es generar acciones y políticas públicas que equilibren y disminuyan las desigualdades estructurales que existen entre varones y mujeres”, argumenta.

Para De La vega hay “preocupación” por “las iniciativas legislativas y las decisiones administrativas que puedan venir desde el poder ejecutivo y legislativo”. Recordó que en su momento “pretendieron modificar la ley Micaela, borrando incluso las referencias al caso de Micaela García, aunque no lo consiguieron” y que “durante todo este año no se han brindado capacitaciones desde Nación en el marco de la ley”. La representante del CELS advierte que el discurso oficial se materializa en el desfinanciamiento de las políticas públicas. “Venimos denunciando la falta de presupuesto para el programa como el Acompañar para este año que no se cuenta ni siquiera con una partida presupuestaria asignada, la falta de insumos para salud sexual y reproductiva y las modificaciones pretendidas en la ley Micaela, la ESI, e inclusive la ley 1000 días que desnaturalizan por completo su objetivo. Esto lo llevamos con otras organizaciones en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2024 y el Estado nacional hizo realmente el ridículo. No es posible negar la especificidad de la violencia hacia las mujeres, niñas y diversidades cuando se ha relevado que entre el 63 % y el 76 % de las mujeres y niñas han manifestado sufrir algún tipo de violencia en su vida y a nivel nacional, en 2024, tuvimos un 1 femicidio cada 35 horas, según CEPAL”.

Paulón advierte, además, que la figura de femicidio es global y asegura que hoy no están los votos en el Congreso para avanzar en una eliminación de la misma. “Solo dos países de América Latina no tienen la figura de femicidio, Cuba y Haití. La derogación nos llevaría a ese club al que no queremos pertenecer. Entiendo que no están los votos para eliminar el femicidio en nuestro país. Muchos de los diputados y diputadas que apoyaron las medidas económicas de Milei, no respaldan las políticas de retroceso. Incluso la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue miembro informante cuando se debatió el tema en el año 2012 y se votó por unanimidad. Por lo que pude conversar, hoy no estarían los votos. Hay que construir un cordón democrático parlamentario muy claro para que el gobierno sepa que no vamos a avalar este tipo de medidas. Que no gasten ni siquiera el tiempo de impulsar estos proyectos porque no van a ser aprobados”.

De la Vega agrega: “Fomentar el odio, desconocer la especificidad de la violencia y discriminación hacia las mujeres y su manifestación más extrema que es el femicidio y vaciar de presupuesto los planes y programas contra la violencia hace que las mujeres que estén en situación de violencia estén en una encerrona. El presidente dice que los derechos consagrados en nuestra constitución son derechos inventados cuando hay un consenso internacional en la importancia de los derechos humanos y en particular, de la lucha contra la eliminación contra la discriminación y violencia hacia las mujeres. Las manifestaciones que ha realizado el presidente son totalmente contrarias a la normativa vigente”.

Entre las otras normativas que el gobierno podría buscar derogar se encuentra la ley Micaela, que establece la capacitación en todos los estamentos del Estado en materia de género.

La jueza Andrade alerta que “esa posible eliminación constituye una acción estatal que impediría que jueces, fiscales y otros operadores adquieran como obligatorio el conocimiento necesario para una adecuada administración de justicia sobre las formas de violencia que ocurren fuera del ámbito familiar. Casos como el de Higui o el de Micaela García podrían recibir un juzgamiento sesgado si la violencia se reduce al ámbito familiar. Para ser clara, si un fiscal no estuviera capacitado y no supiera que las diversidades sexuales son un grupo especialmente vulnerable por su orientación sexual, frente al homicidio de tres mujeres lesbianas podría no considerar el móvil discriminatorio como una línea de investigación”.

La «joda del género»

En línea con el del discurso de Milei en Davos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona dijo que “se acabó la joda del Género” y que a partir de ahora “todos somos iguales ante la ley. Esto le valió la presentación de denuncias penales y un pedido de juicio de político.

De La vega rechaza el planteo del ministro. “Pienso en aquellas mujeres y sus hijos que se encuentran sufriendo hoy situaciones de violencia al interior de sus hogares, ¿Qué joda sufrir violencia y no tener donde denunciar?, ¿Qué joda sentir que si vamos a denunciar nuestra palabra va a ser puesta en duda?, ¿Qué joda no tener recursos para poder salir de aquel hogar?, parece que el ministro desconoce que la mayoría de las muertes violentas de mujeres (el 60 %) son causadas por personas de su entorno cercano. En nuestro país, en el país del ‘Ni una menos’ que hable de la joda del género me resulta muy triste y preocupante cuando es justamente él quien tiene entre sus obligaciones erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo diseñara política pública para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres si desconoce la especificidad de sus causas? Creo que es importante que sea nuevamente llamando a dar explicaciones sobre sus dichos ante el Congreso, que se retracte, que se ponga en cuestión su actitud para su función. Desconocer la especificidad de la violencia hacia las mujeres y niñas es como volver al medioevo”.

Para la jueza Andrade lo dicho por Cúneo Libarona “es lisa y llanamente contrario a la Constitución Nacional. «La CSJN y los fallos de los máximos tribunales de nuestro país la han reconocido (a la violencia de género) y es un tema que fue incorporado desde hace varios años en los temarios, exámenes y entrevistas de concursos de aspirantes a la magistratura por parte de los Consejos de la Magistratura de Argentina. La violencia por razones de género existe, los actos de discriminación que una persona pueda sufrir en razón de su género no deben ser vistos como una vivencia privada sino como un asunto público por ser la manifestación de una problemática estructural de nuestras sociedades, y no ocurre únicamente en el ámbito familiar, sino en todos los espacios de la vida social. Nombrar la igualdad ante la ley es jurídicamente vacío si no se distingue y explica a la ciudadanía la igualdad formal, igualdad real y la equidad. Esto sinceramente lo estudiamos prácticamente apenas iniciada la carrera de derecho. Vivimos en una sociedad desigual. Las medidas de acción positiva, como los cupos, no eliminan el mérito, sino que lo garantizan, corrigiendo desigualdades estructurales que afectan a grupos históricamente discriminados”.

Paulón, por su parte afirma: “El ministro Cuneo Libarona incumple sus deberes de funcionario público. Él es quien debe velar por el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Y ha entrado en la dinámica del presidente, menoscabando las luchas sociales y políticas que han hecho que la sociedad argentina avance. Sindica como ‘joda de género’ a una desigualdad estructural en la sociedad que mata a una mujer cada 27 horas en nuestro país, que niñas y niños queden huérfanos porque sus madres son víctimas de violencia”

Andrade advierte, además, sobre el impacto de estos discursos impartidos desde los gobiernos en el ejercicio de la justicia. “En el Poder Judicial hay un camino sólidamente construido difícil de desandar en lo que hace a conceptos constitucionales básicos como la violencia de género y la perspectiva de género. Esto no implica que todos los miembros del Poder Judicial aseguren un juzgamiento con ese estándar convencional ni que estos discursos no produzcan sentencias estereotipadas por un relajamiento en la tarea al verse políticamente correcto negar lo evidente, pero hasta ahora el debate se viene enfocando en el análisis de si una decisión incorporó esa perspectiva, la cual no se cuestiona en términos de obligatoriedad ni de existencia”.

La movilización central de este sábado será del Congreso a Plaza de Mayo. Pero, además, habrá convocatorias en todo el país y en las embajadas y consulados de las principales ciudades del mundo. El diputado Paulón analiza que la marcha de hoy “es un punto de inflexión”. “La sociedad civil organizada y no organizada logró en 48 horas lo que tantos sectores políticos y sindicales no lograron en un año y dos meses”, concluye.