A pocas horas de que tomara la decisión de apartar a la policía bonaerense de la investigación por el doble crimen, el fiscal Hernán Bustos Rivas dejó de pertenecer a la causa en la que se busca dilucidar el crimen de los adolescentes Josué Salvatierra y Paloma Gallardo, ocurridos en Florencia Varela hace casi dos semanas.
El apartamiento se dio luego de un pedido del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) quien dijo recibir intimidaciones y amenazas por parte del abogado de la familia de una de las víctimas.
En las últimas horas, Rivas había solicitado ante el juez de Garantías, Adrián Villagra, apartarse del caso luego de denunciar intimidaciones y amenazas de parte de Carlos Dieguez, abogado de la madre de Josué, de 14 años.
Este martes, el juez Villagra aceptó la salida de la causa del fiscal y ahora le pidió a la Fiscalía general de Quilmes que designe un nuevo representante del MPF.
Según consta en el documento que presentó el fiscal Bustos Rivas, entre los motivos de su pedido a Villagra, se debe a que dicho abogado lo presionó “para aceptar su hipótesis delictiva y amenazó con consecuencias laborales y exposición mediática”.
Para el fiscal, esto le provocó una “violencia moral” que compromete su capacidad de mantener la “objetividad e imparcialidad” necesarias para la investigación, afectando su “equilibrio espiritual y generando temor por su función y carrera judicial”.
Cuando el letrado fue consultado por la agencia Noticias Argentinas, contraatacó al fiscal y dijo que “suele excusarse de las causas complejas”, y que su salida de la causa no estaría relacionada con ninguno de sus dichos.
La policía bonaerense fue separada de la investigación de los asesinatos ayer. Desde hoy, la investigación de los asesinatos de los adolescentes quedó a cargo de los detectives de la División Homicidios de la Policía Federal. Los investigadores de la Policía Federal ya se habían sumado a la pesquisa hace cinco días, pero como colaboradores mientras la fuerza provincial comandaba las tareas solicitadas por el fiscal.
Las sospechas sobre la existencia de una zona liberada por parte de los policías provinciales que se desempeñan en la comisaría de Bosques se fundaron en la demora en comenzar los rastrillajes para buscar a Paloma y Josué.
Además, una vecina alertó a un familiar de Josué que había visto a dos policías prender fuego las adyacencias de la escena del doble crimen, presuntamente para borrar pruebas.
En una recorrida realizada por LA NACION quedó expuesta la cercanía entre la comisaría y el lugar en el que mataron a Paloma y Josué: no más de doscientos metros en línea recta. El terraplén de la ruta provincial 36 separa la escena del sangriento episodio de la seccional.
Esto significa que los policías nunca salieron a buscar a los menores, cuyas desapariciones habían sido denunciadas el mismo día que los vieron con vida por última vez. Hubo tres órdenes de servicio para realizar los rastrillajes que nunca se cumplieron. Los cuerpos de Paloma y Josué fueron hallados por un menor el 1° de febrero al mediodía. La policía no los buscó y no los encontró.
A las graves irregularidades en la búsqueda, la demora en tomar la denuncias por averiguación de paradero, se sumó la falta de vigilancia en la zona, donde los vecinos denunciaron que eran víctimas de robos constantes en el laberinto para cruzar las vías del exferrocarril Roca y la supuesta protección a “transas” que usan el predio con pastizales de dos metros de altura para vender droga.
Conforme a los criterios de