Javier Milei y su comitiva, que tuvo como «colado» al asesor Santiago Caputo, regresaron a la Argentina este domingo, satisfechos por los resultados de la gira por los Estados Unidos. Pero el Presidente deberá enfrentar una semana clave: los estertores del escándalo cripto, la preparación de su discurso ante la asamblea legislativa del próximo sábado y una medida polémica: la firma de los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema.
El ARG-01, el Boeing 757-256 al que los hermanos Milei decidieron remozar a un costo cercano a los 3 millones de dólares a contramano de la primigenia idea de llevarlo a una subasta, aterrizó a las 8.40 en el sector militar del Aeroparque Metropolitano (AMA). El asesor todoterreno, que quedó envuelto en una polémica por interrumpir una entrevista televisiva que brindó el último lunes el mandatario, había viajado sorpresivamente en vuelo de línea pero a su regreso decidió subirse al avión presidencial, acaso, para aventar las versiones sobre una crisis en el denominado «triángulo de hierro». En un sector del oficialismo había generado suspicacias otro viaje que había realizado a Washington en enero, al parecer, por los faustos de la asunción de Donald Trump.
En la mesa chica del Ejecutivo, con todo, la mayor atención se la lleva el denominado «Plan B» tras la caída del debate en el Senado del pliego del juez federal Ariel Lijo. Aducen que el escándalo por la malograda $LIBRA, que decantó causas judiciales por presuntas estafas en el país y en Estados Unidos, no preocupa -salvo en la reacción en los mercados- y que en lo inmediato no se designará un abogado penalista que patrocine al Presidente.
Con las vacantes en la Corte, en cambio, el Gobierno debe hacer frente a un calendario por demás acotado: Milei tiene tiempo hasta el viernes para designar en comisión al polémico juez federal y al académico de la Universidad Austral. Es que el sábado 1° de marzo comenzarán las sesiones ordinarias del Congreso -se prevé que el mandatario nuevamente brinde su discurso ante la asamblea legislativa a las 21- y entonces nuevamente sería potestad del Senado dar acuerdo o no a los candidatos del Ejecutivo a integrar el máximo tribunal.
Pero la decisión política para nombrar por decreto a los cortesanos estaría tomada. «No está fijado el día aún para la publicación de los decretos. Hay que esperar que vuelva el Presidente», dijo este domingo un alto funcionario consultado que pareció aprender la lección del despido del ex titular de la Anses, Mariano de los Heros, eyectado por anticipar una reforma previsional que efectivamente está en estudio.
La ocupación de las vacancias en el alto tribunal ha generado un debate interno en el oficialismo. Las críticas de un sector de la oposición -el peronismo del Senado amenaza con bochar los pliegos de los candidatos si son nombrados en comisión por Milei- anticipan un nuevo enfrentamiento.
El nombre de Lijo es el que más irrita a un sector de la oposición y de los bloques dialoguistas. Mauricio Macri, que volvió a atacar al asesor Caputo y a cuestionar la «no gestión» del oficialismo a propósito del fracaso en la licitación de la Hidrovía, tampoco apoya el nombramiento en la Corte del encumbrado integrante de Comodoro Py.
Si bien Lijo se negaba a ser nombrado en comisión para ocupar una silla en el máximo tribunal, porque debería renunciar a su juzgado y su cargo no tendría estabilidad, ahora «evaluaría» una propuesta del Ejecutivo.
En teoría, perdió fuerza la opción de que el Gobierno eche mano a una jurista mujer u a otro candidato que eventualmente tuvieran una mayor aceptación en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Como sea, el Gobierno deberá anudar algún tipo de acuerdo político para garantizarse «una Corte completa» en el tiempo si decidiera nombrar por decreto a los dos cortesanos en cuestión porque por esta vía tendrían un mandato acotado, es decir, hasta el próximo 30 de noviembre.
Otras versiones dan cuenta que una interpretación de artículo 99 de la Constitución podría estirar el mandato de los candidatos hasta el 28 de febrero de 2026 dándole, de esta forma, más tiempo al Ejecutivo para negociar los votos en el Senado.