La causa de los fondos buitre contra la Argentina por la nacionalización de YPF sigue generando novedades. El gobierno argentino aseguró que tiene absoluta voluntad de colaborar con la jueza de Nueva York Loretta Preska y presentó este martes por la noche una declaración solicitando que se revoque el fallo que obligaría al país a pagar una suma cercana a los 16 mil millones de dólares. El gobierno tenía plazo hasta el 25 de febrero para hacer presentaciones y a partir de ahora la jueza comenzará una etapa de decisiones y definiciones
«La respuesta expresa la firme voluntad de este Gobierno en colaborar con su par de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”, aseguró la Argentina, que si bien busca alinearse políticamente con Estados Unidos, por el momento no consiguió ni un sólo beneficio de esta «supuesta alianza estratégica».
En detalle, la administración de Javier Milei presentó a última hora del martes una respuesta ante la jueza Preska, solicitando la revocación del fallo que condena al país a pagar 16.100 millones de dólares más intereses. En la presentación, el Gobierno insistió en su voluntad de esclarecer los hechos que rodearon la compra de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi, anterior socia de Repsol en la empresa.
Asimismo, el Gobierno manifestó su disposición a colaborar con Estados Unidos en cualquier investigación que ayude a esclarecer las circunstancias de la estatización, aunque sin renunciar a su argumento de que la justicia estadounidense no es el ámbito adecuado para resolver este conflicto.
La estrategia del país está ahora en manos de Juan Ignacio Stampalija, recientemente designado subprocurador del Tesoro, tras la renuncia de su antecesor. Stampalija ingresó junto con el nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien a su vez sucedió a Rodolfo Barra, echado del Gobierno un mes atrás.
En cuanto a este ultimo cambio de funcionarios, este miércoles se publicó un decreto en el Boletín Oficial en el cual se acepta “la excusación” por Castro Videla para intervenir en en el caso por la expropiación de YPF, ya que en su pasado en el sector privado, integró el estudio de abogados de Alberto Bianchi, quien fue uno de los expertos que presentaron los demandantes en el juicio.
El litigio de los buitres contra la petrolera YPF se originó en 2012, cuando el Estado argentino avanzó en la recuperación del 51 por ciento de la petrolera, la cual estaba en poder de Repsol. Se trató de una estrategia para recuperar el control sobre los recursos energéticos del país y permitió a YPF junto al Estado pasar a tener un papel clave en el desarrollo de Vaca Muerta. La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de Repsol. En los últimos días, los beneficiarios del fallo de YPF, los fondos Burford y Eton Park, habían presentado sus escritos ante la justicia norteamericana y el marte llegó la respuesta de la Argentina.
El caso de la petrolera viene generado una fuerte repercusión en el país, donde distintos sectores políticos y judiciales buscan presionar para que el Gobierno actúe con celeridad. La organización civil Republican Action for Argentina (RAFA) realizó una presentación en la justicia estadounidense pidiendo que se investigue a los involucrados en la expropiación de YPF.
El abogado Fernando Irazu, representante de RAFA, destacó que la jueza Preska había solicitado respuestas de todas las partes involucradas en el juicio antes del 25 de febrero. En el Congreso argentino, la Coalición Cívica ha exigido una respuesta inmediata del Gobierno para evitar que el fallo quede firme y se convierta en una obligación de pago para el Estado.
La decisión de la jueza Preska podría tener un fuerte impacto económico y político para Argentina. Si se mantiene la condena, el país debería afrontar una deuda que equivale a una parte significativa de sus reservas internacionales, lo que complicaría aún más la situación financiera. En cambio, si el fallo es revocado o modificado, podría aliviar la presión sobre las cuentas públicas y dar un respiro al Gobierno de Milei, que tiene una importante dificultad para conseguir dólares en las reservas. La clave estará en la argumentación presentada por Argentina y en la interpretación que haga la justicia estadounidense sobre la nacionalización.