El Gobierno anunció en la tarde de este jueves que finalmente echará para atrás la resolución 187 publicada en el Boletín Oficial hace un mes y medio, cuyo Anexo I trascendió en las últimas horas del miércoles, y generó un gran revuelo en el ámbito de la salud mental y la discapacidad: utlizaba, como si fueran «técnicos», términos en completo de desuso, por considerarse discriminatorios y fuertemente ofensivos. Eran “Idiota”, “imbécil” y “débil mental”.
«Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta», explicaron en un comunicado, luego de reconocer que «el 16 de enero del corriente año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025. Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados».
El polémico anexo describía «grados», como una suerte de sistematización de las escalas del coeficiente intelectual. Todo, en un documento titulado “Normativa para la evaluación médica de invalidez para las pensiones no contributivas”. Hasta acá la cosa sonaba más o menos convencional. El problema es lo que seguía después.
Es cierto que según la bibliografía internacional sobre el tema, esa escala podía incluir una u otra terminología, según si tomaba de referencia el famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por su sigla en inglés, bibliorato de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, o APA) o, en cambio, el CIE-11, la última edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los expertos consultados para estas líneas coincidieron en que hace mucho tiempo nadie invocaba expresiones como las mencionadas.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es un organismo descentralizado, que reporta al Ministerio de Salud de la Nación. Su director es Diego Spagnuolo, quien, según se pudo averiguar, está de vacaciones. Consultados dsde el área, acusaron recibo de las consultas de este medio, pero al cierre de esta nota no habían provisto aclaraciones. Sin embargo, entrando a la tarde del jueves, emitieron un comunicado en el que apuntaron que «la Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación».
En las últimas horas circularon en las redes duras críticas de distintas asociaciones de familiares de pacientes y pacientes con discapacidad, en reclamo de “la inmediata rectificación de esta resolución (cosa que finalmente ocurrió) y el reemplazo de su terminología por un lenguaje acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y con el modelo social de la discapacidad”, definieron puntualmente desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).
Salud mental y discapacidad: insultos entre paréntesis
Las expresiones en cuestión estaban entre paréntesis en el texto, bajo un subtítulo que describía con detalle los distintos tipos de «retrasos mentales». Todo, como parte de lo que en el sector de la salud se conoce como “baremo”, una escala o tabla que incluye definiciones o una nomenclatura puntual. En este caso, las que se correspondían con los grados descriptos arriba, dentro del combo más general de “retardos mentales”.
El tema del paréntesis no pareció menor, ya que esbozaba un reconocimiento tácito del redactor de que (¿por las dudas?) sumará algunas «aclaraciones». Así, junto a la expresión CI (por coeficiente intelectual) «0-30», figuraba entre paréntesis el termino «idiota», como si estuviera dirigido a un lector que no conoce la clasificación numérica del CI. Al paréntesis le seguía una descripción aparentemente más formal: «No atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo«.
A CI 30-50 le tocaba, con el mismo formato (el número seguido del paréntesis), la palabra «imbécil». Se aclara luego que «no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias«. Junto a 50-60 se podía leer «débil mental profundo», y luego seguían «débil mental moderado» y «débil mental leve». Todas expresiones que no se usan hace muchísimo tiempo, por considerarse insultos, tanto en el habla coloquial como en el ámbito formal.
La salud mental, en busca una involución terminológica
La expresión «retardo mental» tampoco podía pasar inadvertida. Sin embargo, no sería tan problemática, aclaró Javier Indart de Arza, pediatra y psiquiatra infanto juvenil, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría y director médico del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”.
Aclaró que, si bien “actualmente se habla de discapacidad intelectual ‘leve’, ‘moderada’ y ‘grave’, según el coeficiente intelectual” (y no de “retardo”), para otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), Argentina está ahora usando, no la clasificación del mencionado DSM sino la del CI-10 (el más actualizado es el CI-11), donde aparentemente figura esa expresión: «Nosotros en el Servicio mandamos los diagnósticos en base al DSM-5, pero ellos lo hacen en base al CI-10. Uno valida al otro, digamos”, explicó.
Nada de eso justifica el uso de “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, opinó el médico: “Me parece que la terminología es discriminatoria, cuando todo el tiempo estamos hablando de capacidades diferentes. O para insultar, ¿qué palabras decimos?”
Igualmente crítico se mostró Alberto Trímboli, presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH) y ex director nacional de Investigación de la Sedronar: “Esta regulación implica un retorno al modelo biomédico de la discapacidad, superado hace bastante tiempo, ya que solo evalúa criterios médicos y deja de lado lo social y lo psíquico”.
Advirtió que “la utilización de criterios biológicos solamente, viola varios tratados y documentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que no contempla la influencia de determinantes sociales de la salud que hacen las veces de barreras infranqueables para muchas personas, especialmente aquellas con discapacidad”.
¿Provocación o ignorancia?
Hay quienes por estas horas opinan que el anexo fue un texto “provocador”. Otros, que fue una muestra de una notable ignorancia sobre el tema tratado. Para Trímboli, “se nota un enorme desconocimiento sobre el tema y una falta de asesoramiento por parte de los funcionarios que han firmado este documento, donde se refuerzan etiquetas negativas y se estigmatiza a un colectivo que antes que insultos necesita apoyo”.
A Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva (organización que busca instalar el autismo en la agenda pública) no le importan demasiado ninguno de estos interrogantes. Como las otras fuentes, habló con Clarín antes de la rectificación del Gobierno. “Soy papá de Julián, de 9 años, diagnosticado con TEA. Mi opinión es distinta”, sentenció.
“Como papá, quiero decir que no soy especialista; no tengo conocimiento para saber si esto está bien o mal, técnicamente. No tengo ganas ni tengo la capacidad para ponerme a buscar la terminología correcta o el baremo correcto”, introdujo.
Luego, enfático, concluyó: “Lo único que me importa es que leo eso, que es un texto público, y veo palabras que no se usan hace décadas o siglos, para definir a las personas con discapacidad. Son todos insultos. Ni en la comunidad científica ni en las sociedad civil se habla así del hijo del otro. Si esto fue un error del Gobierno, que pidan disculpas y lo corrijan. Y si no fue un error y está basado en algo científico, deben modificarlo. Hace rato que no definimos a nadie con insultos o términos despectivos. Trabajamos por la convivencia y la inclusión”.
SC