La Cámara Federal de San Martín decidió revocar la resolución de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el caso de Alesia Abaigar, la funcionaria bonaerense que llevaba doce días detenida de forma arbitraria e irregular, acusada de arrojar estiércol frente a la casa del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. Pese a no tener razones objetivas para detenerla por algo que configuraría una mera contravención municipal, Arroyo Salgado se alineó con el gobierno de Javier Milei y envió a Abaigar a la cárcel federal de Ezeiza.
Según el fallo, firmado por los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, la gravedad de los delitos imputados no justifica la prisión preventiva y no se han acreditado los riesgos procesales que fundamentarían una medida de tal magnitud. Vale recordar que la jueza Arroyo Salgado siempre se negó a excarcelar a Abaigar y sólo aceptó que cumpliera prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Con la excusa de que la funcionaria de Axel Kicillof podía “interferir en la investigación”, dictó su prisión preventiva.
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La Cámara de San Martín consideró que las razones esgrimidas por la jueza de San Isidro para mantener detenida a Abaigar son insuficientes, considerando que la gravedad de las penas por los delitos investigados no justifica su privación de libertad. Además, no se han presentado pruebas concretas que indiquen que, en caso de ser liberada, podría obstaculizar la investigación o intentar evadir la justicia.
En su fallo, los jueces remarcaron que Abaigar colaboró voluntariamente al proporcionar las claves de acceso a su teléfono móvil y computadora personal, y que no se identificaron diligencias probatorias que pudieran verse comprometidas si recupera su libertad. Barral y Lugones también señalaron que no se ha comprobado de manera suficiente el riesgo de fuga, destacando que Abaigar se identificó correctamente durante el allanamiento de su domicilio y no mostró intenciones de eludir a la justicia.
Asimismo, consideraron que sus condiciones personales, como tener una residencia fija y carecer de antecedentes penales, permiten mitigar el riesgo de fuga mediante medidas alternativas previstas por la legislación.
El caso es uno de los tantos hechos de autoritarismo y represión protagonizados por el Gobierno nacional, esta vez a través de Espert y con el apoyo inestimable de la jueza sanisidrense. Semejante arremetida judicial contra Abaigar y otros militantes no tuvo nada que ver con la conducta del grupo que ensució la vereda del diputado. Ésa fue, más bien, la excusa perfecta que encontraron para consumar un nuevo y repudiable ataque a las libertades democráticas.
El fallo de la Cámara de San Martín le da la razón a quienes, desde el más variado arco político, denuncian el accionar del oficialismo que criminaliza a los opositores y reprime duramente toda protesta obrera, social y popular.