POLÍTICA
Carlos García enfrenta proceso penal por hostigamiento y aún así fue designado en la SICT en Querétaro
El partido Morena vuelve a estar bajo fuego tras confirmarse que el gobierno federal contrató a Carlos García Villaseñor, exalcalde de Silao, Guanajuato, quien enfrenta un proceso penal por hostigamiento sexual. El supuesto agresor fue designado como director general en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, pese a que su denuncia legal sigue vigente. Este nombramiento ha sido calificado como una muestra de impunidad y falta de compromiso ético por parte del partido en el poder.
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Denuncia pública desde Guanajuato
El diputado local y presidente del PAN en Guanajuato, Aldo Márquez Becerra, alertó sobre esta decisión:
«García forma parte de un cargo donde firmará contratos, licitaciones y obras públicas federales. Lo premiaron con un salario por arriba de 100 mil pesos mensuales.»
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Márquez denunció públicamente, señalando que se trató de un traslado estratégico para ocultarlo fuera del estado donde enfrentaba el proceso.
El legislador exigió a Claudia Sheinbaum y a Morena asumir responsabilidad y evitar que personas con causas penales activas ocupen puestos de alta vulnerabilidad, especialmente en áreas sensibles como infraestructura.
Procedimiento penal vigente
Carlos García fue vinculado a proceso el 3 de septiembre de 2024, luego de que su exasistente lo acusara formalmente de hostigamiento sexual. Aunque el juez admitió pruebas como mensajes de WhatsApp, García continúa el proceso en libertad. Se le prohibió salir del país, pero no se ha dictado sentencia.
Pese a ello, su nombramiento ocurrió el 21 de julio de 2025, y desde esa fecha despacha en Querétaro sin ninguna presión interna para suspender o reevaluar su caso.
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Un patrón de encubrimiento partidista
Este caso evidencia una práctica recurrente de Morena, que resguarda perfiles polémicos mediante nombramientos estratégicos. En lugar de filtrar personas con denuncias activas, Morena aparenta limpiar su imagen desplazándolas hacia otras entidades, combinando discurso moral con realidades contrarias.
Morena demuestra una vez más que prioriza el control político y la lealtad por encima de la ética y la justicia. Colocar a un funcionario con denuncias activas de hostigamiento en un cargo federal retrata una irrupción institucional sutil pero decisiva. La justicia no descansa, pero en el gabinete morenista, parece tener que esperar su turno.
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