Como surgiera de una investigación del diario Tiempo Argentino, la Harbour Energy integrante del consorcio SESA, es la continuación de Premier Oil PLC, la petrolera británica que explotó ilegalmente petróleo en las Islas Malvinas entre 2012 y 2020. Premier Oil fue sancionada en Argentina con la prohibición de operar por largos años. A través de fusiones y cambios de nombre, Premier terminó convirtiéndose en Harbour Energy, y en 2024 reingresó al país. Weretilneck los premia con permisos de exportación.
El impacto ambiental es un hecho
La audiencia pública que se convoca es una pantomima. No es vinculante, y sesiona a centenares de kilómetros de las ciudades más importantes de la provincia, donde habita la gran mayoría de los rionegrinos. Ya se han hecho otras del mismo modo. La clave es fraguar un nuevo saqueo, con el rol de comparsa por parte de la CGT, muy activa en este negociado y totalmente desaparecida de la lucha por salarios y los derechos de la clase trabajadora.
En la auditoria se analizarán pros y contras de la operatoria: unos “buques planta” asistirán a unos barcos metaneros cargándolos de gas a partir de un proceso de licuefacción del gas proveniente de la red troncal que TGS bombea desde las cuencas patagónicas. Esto unos 5 kilómetros mar adentro del Golfo San Matías. Los peligros de esto van desde la alteración del ecosistema marino por ruido submarino y tráfico de grandes buques hasta el riesgo de derrames, emisiones atmosféricas, incendios explosiones por fallas de los gasoductos o en los sistemas de almacenamietno. Todo con un enorme potencial de afectación para la pesca artesanal y el turismo, dos actividades clave en la región.
Las multinacionales propondrán medidas “de manual”: monitoreo ambiental, planes de contingencia, compensaciones de ser necesarias. Pero los peligros no pueden eliminarse con “comisiones”. El problema mayor no radica en los riesgos asumidos en sí mismos, sino en que no hubo ninguna decisión democrática de las comunidades afectadas ni la más mínima participación de la comunidad científica de las universidad públicas para decidir qué riesgos tomar y cuáles no. Todo lo contrario, la decisión de imponer esta “industria del saqueo” fue tomada tras una puja entre Weretilneck y Kicillof por ver quién convencía a las empresa imperialistas en cuanto a la elección del lugar para instalar el negocio.
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La energía como un derecho
Lejos de frenar a una petrolera británica sancionada, los gobiernos nacional y provincial han jugado a favor de la empresa. Milei incorporó a Southern Energy al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), otorgándole estabilidad tributaria y exenciones por 30 años. El gobernador Alberto Weretilneck autorizó al consorcio a operar en Río Negro. El caso del buque regasificador FLNG MK II es un espejo perfecto de la política energética actual: se sacrifica biodiversidad, pesca y turismo para garantizar una renta excepcional a corporaciones transnacionales. Mientras tanto la provincia sigue repartiendo leña y carbón en los crudos inviernos de la Línea sur con su “Plan Calor”. ¿Gas? Solo para los piratas ingleses exportadores.
La energía no puede ser un negocio: es un derecho de todo el pueblo. La única política energética nacional pública y soberana posible tiene que partir de nacionalizar del conjunto de las ramas energéticas, incluyendo el gas, que pueda priorizar calefaccionar los hogares, escuelas, hospitales, llegar a toda la población, en lugar de exportar gas a precio internacional mientras adentro suben las tarifas. Esa alternativa es posible como parte de un plan de conjunto de transición energética que esté bajo control de las y los trabajadores y de la sociedad misma, empezando por la comunidad científica, ambientalistas y el conjunto de la población que no tiene acceso a una demanda vital como el gas en sus hogares.