El Régimen Penal Juvenil, cuya media sanción se obtuvo en Diputados, será ineficaz sin un compromiso presupuestario real del gobierno nacional. Es lo que afirma el diputado cordobés Juan Brugge, de la Democracia Cristiana, integrante del bloque Provincias Unidas, quien fundamentó su apoyo en la evidencia de delitos graves cometidos por menores y la necesidad de armonizar la legislación argentina con los estándares regionales, pero criticó con dureza la insuficiencia de recursos asignados para su implementación.
«El gobierno nacional quiere destinar para este año, para este régimen, 23.700 millones de pesos», denunció Brügge en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7. Para dimensionar la cifra, el diputado comparó: «El gobernador Llaryora convocó a una licitación para hacer un nuevo complejo para el tratamiento y contención de menores, que se va a llamar Papa Francisco, que tiene una inversión de 18.000 millones de pesos».
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Brügge explicó que esos recursos no solo deben cubrir la construcción de establecimientos especiales sino también «mantener los programas y los planes de contención educativa, alimentaria, sanitaria, etcétera». «Sin los recursos, este sistema no funcionará«, sentenció.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves con 149 votos a favor y 100 en contra el proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, establece un tope de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Una postura consistente de ocho meses
Brügge, abogado constitucionalista y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, explicó que su posición no es nueva ni oportunista. «Ya venimos trabajando este tema en la comisión de legislación penal, la comisión de familias, justicia y presupuesto desde el año pasado», aclaró. «Hubo un trabajo de ocho meses que terminó con la elaboración de un dictamen en mayo del año pasado».
El legislador sostuvo que acompañaba la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años porque «la evidencia de la realidad demostraba que había menores de esa edad que estaban cometiendo delitos, sobre todo delitos graves». Además, argumentó que la medida busca armonizarse con el resto de Latinoamérica, donde los 14 años son el estándar regional.
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«Somos partidarios de que hay que bajar la edad porque la evidencia nos lleva a ver que se cometen delitos donde participan menores», afirmó Brügge durante su exposición en el recinto. «También somos conscientes de que todavía es importante y nos debemos un debate sobre la dignidad personal y social«.
Brügge fue contundente al cuestionar el timing del gobierno nacional para impulsar el debate. «Este dictamen ya estaba de mayo del año pasado. ¿Qué pasó en estos nueve meses con el gobierno nacional?», se preguntó. «Recién lo impulsó ahora en febrero por algunos hechos lamentables, reprochables, pero en definitiva no se preparó a las provincias para avanzar en esta ley». El legislador calificó la actitud del oficialismo como «oportunismo político».
Respuesta a las críticas de la Iglesia
Consultado sobre las advertencias de la Iglesia Católica, que calificó la baja de imputabilidad como «un retroceso grave y peligroso», Brügge defendió su posición sin fisuras. «No me genera absolutamente ningún ruido porque yo cada vez que tomo una decisión lo tomo con conciencia y la tomo, por supuesto, también viendo mi fe», afirmó.
El diputado, católico practicante y miembro de la Democracia Cristiana, explicó que mantiene una «excelente relación con toda la pastoral social, con el arzobispo» y que ha dialogado con diferentes obispos sobre el tema. «He entendido su posición, la he respetado», señaló.
Brügge argumentó que su posición no contradice sus valores religiosos. «La evidencia está dada de que menores cometen delitos. Algo tenemos que hacer. Está también el derecho de la víctima, no tenemos que ver solamente del lado de los menores», planteó.
«Ese algo que hacer en lo punitivo tiene que estar absolutamente complementado con dos aspectos: primero, la prevención y la contención; y segundo, la posibilidad de que ese menor pueda volver a reinsertarse en la sociedad y, por supuesto, tener un proyecto de vida».
El legislador insistió en la responsabilidad compartida. «Nos tenemos que hacer cargo todos. Y cuando hablo de todos hablo también de la Iglesia, también de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Hablo de la sociedad civil, hablo del mundo empresarial, hablo de todos. Es un problema de la sociedad completa».