«Basta de perseguidos, la AFA somos todos los clubes», fue el mensaje que el equipo de San Lorenzo de Almagro llevó inscripto en una remera blanca sobre la camiseta azulgrana. En el encuentro entre el conjunto de Boedo e Instituto, los jugadores dieron su apoyo institucional a la AFA, tras las investigaciones sobre presuntas irregularidades impositivas de la entidad que nuclea al fútbol argentino.
Sin embargo, la hinchada local no correspondió al mensaje de protesta de los futbolistas. En la tribuna del «cuervo», ubicado en su estadio de Bajo Flores, los simpatizantes unieron sus voces al canto de «Chiqui Tapia Botón». Un resultado previsible, teniendo en cuenta la mala imagen del máximo dirigente de la Asociación de Fútbol Argentino que decidió sostener un paro deportivo para la próxíma semana.
El fútbol argentino se encamina a una paralización inédita, la AFA resolvió, junto con los clubes de todas las categorías, suspender la actividad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, incluyendo la fecha 9 del Torneo Apertura, en lo que definieron como una medida de protesta por lo que califican de “persecución judicial y política” contra la dirigencia de la casa madre del fútbol. La medida se produce tras la citación a declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales y retención indebida de aportes y tributos por parte de la entidad deportiva.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social —incluidos IVA, Ganancias y cargas sociales— sin depositarlos ante el fisco dentro de los plazos legales, por un monto que supera los 19.300 millones de pesos. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante fue quien dictó la citación a indagatoria para Tapia y Toviggino, incorporando a la asociación deportiva como persona jurídica en la causa y ampliando la investigación a otros directivos. Además, se les impuso la prohibición de salir del país en tanto avanza el proceso judicial.
Sin embargo, la AFA y los clubes sostienen que la entidad está al día con sus obligaciones fiscales y que los pagos que ARCA pone bajo la lupa se hicieron “de manera voluntaria antes de su vencimiento”, por lo que consideran que la denuncia carece de sustento técnico y jurídico. Esa línea defensiva fue plasmada en comunicados institucionales y en la posición pública de la mayoría de los clubes, que no solo avalan a Tapia y Toviggino sino que califican el avance de la causa como un “ataque” impulsado desde sectores políticos contrarios a la gestión actual. Por otra parte, la adhesión a la protesta ha sido amplia: las asociaciones que agrupan a los árbitros también expresaron su respaldo, reafirmando el compromiso con la institucionalidad y su rechazo a lo que describen como embates externos.
Paralelamente, ARCA y los fiscales que intervienen en la causa piden que se investigue si la entidad actuó indebidamente como agente de retención, al retener fondos de terceros que debían ser transferidos al Estado. Esa figura es clave en la imputación, porque la normativa tributaria argentina considera que el dinero retenido no pertenece al agente (en este caso, la AFA) sino al fisco desde el momento de su retención.
En medio del conflicto, también se han expuesto presuntas irregularidades adicionales, como vínculos entre personas involucradas en el expediente y operadores del ámbito futbolístico, lo que, según versiones, sembró dudas sobre la imparcialidad de algunos magistrados, llevando inclusive a la renuncia de uno de los jueces originalmente asignados a la causa tras la difusión de que habría celebrado un evento social en un predio asociado a uno de los implicados. La protesta anunciada por la AFA convierte así al próximo fin de semana de fútbol en un escenario de choque entre el poder judicial, la dirigencia deportiva y el ámbito político.