La decisión del gobierno de Mendoza de reforzar por resolución el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación y habilitar sanciones a padres, tutores o cuidadores que no vacunaron a niños, niñas y adolescentes -con multas de entre 200 y 800 unidades fiscales (hoy entre $84 mil y $336 mil), arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios- activó un debate sanitario y jurídico en todo el país.
Según publicaciones provinciales y nacionales, el protocolo estableció un plazo de 30 días para regularizar la situación antes de la denuncia contravencional y se apoyó en la Ley nacional 27491, que declaró de interés público la vacunación y su carácter obligatorio.
En ese contexto, Luis Obeid, pediatra y exdiputado provincial, criticó la orientación punitiva de la medida. Obeid calificó la iniciativa como «muy de titulares, pero de efectividad pobre o nula», y sostuvo que el camino para aumentar la cobertura de vacunación «es la persuasión, no la imposición».
«Nunca lo hemos hecho de esta manera; siempre fue una persuasión en el consultorio. Nada va a reemplazar la palabra del enfermero, del médico, del pediatra en el por qué. Si yo no le explico a una mamá la razón fundamental de vacunar, por más que me sancionen todo, no lo voy a hacer si pienso que no es bueno para mi criatura», afirmó Obeid en diálogo con Radio Natagalá.
El médico recordó que en el pasado, cuando recibían a un recién nacido «pasadas las 12 horas y le aplicábamos la BCG y la hepatitis B, la mamá te miraba agradecida, porque sabía que eran las dos vacunas primeras que se le ponen a lo más preciado que tiene, aunque en ese momento no quisiera que nadie lo tocara».
Obeid señaló que la caída de las tasas de vacunación es un problema global y no exclusivo de la Argentina, con un descenso abrupto tras la pandemia: «Hay una caída trágica que no es solo Argentina. El tema post pandemia pegó muy fuerte, hay mucha detracción sobre la vacuna, pero tampoco hacemos un marketing positivo sobre ella. Yo soy pro vacuna y no me canso de hablar, pero las campañas son para eso: campañas».
«Desde que yo empecé a formarme había unos grupos minúsculos antivacunas, siempre los hubo. Pero no marcaban ninguna trascendencia ni impacto. La pandemia potenció todo esto», explicó.
.Obeid, además, vinculó la eficacia de cualquier sanción a la comunicación y a la oferta estatal: «El Estado se corrió… lo que no hubo fue campaña», sostuvo. «Si vos creés que todo lo que se hace en salud es un gasto, difícilmente se vuelva a hacer», agregó, al advertir sobre la falta de recursos para estrategias sostenidas.
El pediatra defendió la necesidad de políticas activas de promoción: «Las vacunas no son gratis, hay que promoverlas. Por algo se llaman campañas de vacunación»-
Asimismo, el referente vinculó la falta de campañas con la crisis de recursos en salud pública. «Si vos crees que todo lo que se hace en salud es un gasto, difícilmente se vuelva a hacer esto. Hoy la salud no existe a nivel el programa nacional, menos este provincial con los recursos que tenemos», analizó.
Contexto legal y alcance
La Ley Nacional 27491, sancionada en 2018, estableció que la vacunación es de interés nacional, obligatoria y gratuita, e incorporó instrumentos de gestión, vigilancia y control. La normativa habilitó a las jurisdicciones a implementar protocolos para asegurar el cumplimiento del calendario.
En Mendoza, la resolución difundida por el Ministerio de Salud y Deportes fijó un procedimiento: notificación, plazo de 30 días para la regularización y, de persistir la negativa, denuncia ante el régimen contravencional (artículo 119 de la Ley Provincial 9099), que prevé multa de 200 a 800 UF, arresto de hasta cinco días o trabajo comunitario en centros asistenciales. Medios locales consignaron que la cartera sanitaria formalizó el registro de denuncias y estadísticas.
coberturas en el
paÍs y en el mundo
Tras la pandemia, las coberturas inmunizatorias retrocedieron en varios países. La OMS y Unicef informaron que en 2024 la cobertura global de la tercera dosis de DTP (marcador de desempeño de los programas de vacunación) se ubicó en 85% y la primera dosis de sarampión en 84%, aún por debajo de 2019; además, 14,3 millones de niñas y niños no recibieron ninguna vacuna.
En la Argentina, informes oficiales y reportes internacionales describieron un deterioro de las coberturas del calendario en los últimos años, con particular preocupación por sarampión: a 2023, la primera dosis de triple viral (MCV1) se situó en torno al 82% (81,7%), por debajo del umbral del 95% recomendado para sostener la eliminación.
Además, la OPS remarcó la necesidad de que todos los municipios sostengan coberturas de al menos 95% para polio y DTP3 y documentó incrementos en algunos países entre 2022 y 2023, pero con brechas persistentes en la Región.
Obeid conectó ese panorama con su propuesta: «Pongamos ingenio, pongamos voluntad y un factor: credibilidad», y solicitó campañas pedagógicas que reinstalaron confianza. «Una mamá quizás no sintió la necesidad de vacunar a sus hijos; no tuvo por qué saberlo», dijo.
Lo que hicieron otros países
La experiencia comparada mostró un abanico de herramientas: Italia (Ley Lorenzin, 2017) hizo obligatorias diez vacunas para edad escolar, introdujo multas (200–500 euros) y prohibió la asistencia a preescolar de no vacunados salvo contraindicaciones médicas. A dos años, persistió la tensión política, pero el marco legal continuó con ajustes regionales.
Alemania (Masernschutzgesetz, 2019) exigió prueba de vacunación contra sarampión para ingreso a jardines y escuelas y habilitó multas de hasta 2.500 euros a familias y establecimientos que admitieron no vacunados; la ley entró en vigor en 2020.
Australia («No Jab, No Pay/Play») combinó condicionalidades económicas (pérdida de beneficios sociales) con requisitos de inmunización para asistencia a guarderías; evaluaciones revisadas reportaron impacto positivo en las coberturas, con matices sobre efectos en actitudes parentales.
Estados Unidos (requisitos de ingreso escolar) cada estado fijó listas de vacunas obligatorias y regímenes de exenciones; los CDC señalaron que estos requisitos fueron «herramientas importantes» para sostener altas coberturas y prevenir brotes.
¿Sirvieron las sanciones?
Los estudios internacionales mostraron que los regímenes con multas o condicionalidades tendieron a mejorar la adherencia en el corto plazo, especialmente cuando se articularon con accesibilidad, recordatorios activos, captura oportuna en escuelas/centros de salud y comunicación segmentada.
En Italia y Alemania, el mayor impacto se observó en entornos educativos (requisitos de matrícula) más que en sanciones penales per se; en Australia, los incentivos económicos y la condicionalidad sobre beneficios mostraron correlaciones con incrementos de coberturas, pero persistieron bolsas de resistencia que requirieron trabajo comunitario.
Obeid advirtió sobre el límite de una estrategia exclusivamente coercitiva: «Esto de que antes decíamos ‘mejor que se agarre varicela’, no, no es mejor. Es mejor que se ponga la vacuna… para el meningococo, porque se muere si le agarra una meningitis», ejemplificó, antes de insistir en que «no hubo campaña».
El punto ciego
El pediatra insistió en que la oferta estatal y la presencia territorial fueron determinantes: «Lo que no hay es campaña, el Estado se corrió. Se corrió totalmente desde ese lugar», explicando que muchas personas desconocen los riesgos de las enfermedades prevenibles.
Señaló que, sin equipos de vacunación activos, horarios extendidos, captación en escuelas y centros comunitarios, «la efectividad fue pobre o nula» aún con sanciones.
Organismos internacionales coincidieron en que, para cerrar brechas, los países debieron combinar microplanificación local, campañas focalizadas, búsqueda activa de no vacunados, sistemas nominales y mensajería confiable, además de sostener el umbral del 95% para sarampión y polio en todos los distritos.