El Gobierno volvió a quedar envuelto en la polémica por su forma de comunicar, luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se burlara de las personas con discapacidad el jueves por la noche. El hecho ocurrió apenas 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei contra la emergencia en el sector.
Como es habitual, Caputo había asistido al streaming Carajo, junto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, para dar una entrevista. También se encontraban Felipe Núñez, Federico Furiase y Martín Vauthier, asesores del ministro. Justo cuando el funcionario estaba hablando sobre lo ocurrido en el Congreso, se activó la polémica. Allí, explicó que durante los gobiernos kirchneristas “hubo falta de control” en el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
“En 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad. Y la Argentina tenía 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Si lo hacemos proporcionalmente, hoy debería haber en la Argentina más o menos 97.000 discapacitados. ¿Cuántos hay?“, preguntó. Uno de los panelistas, al que se conoce como “Gordo Pablo”, le respondió: “¿Sin sumar los kukas?”.
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El chiste no sólo no pasó desapercibido, sino que le causó gracia a Caputo, quien se calzó el guante y redobló la apuesta: “Sin sumar los kukas, 1.250.000. Entonces, en vez de haber 97.000 hay 1.250.000. De cada una de estas cosas han hecho una caja. Y han hecho ese populismo que termina destrozando las cuentas públicas… Y ellos son los primeros que después, cuando son gobierno, los castigan”, señaló
En esta misma línea, Caputo sostuvo que los jubilados, durante el último gobierno kirchnerista perdieron 40% de su poder adquisitivo: “Con nosotros ya ganaron 15%, pero ellos quieren que recuperen el 40% mañana. El que les sacaron ellos cuando eran gobierno. A ellos les agarra la sensibilidad social cuando no son gobierno”.
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Una sesión que complicó los planes del oficialismo
El miércoles, la Cámara de Diputados reunió 172 votos para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, la norma aún no cayó definitivamente: para que el veto quede sin efecto, también se necesitan los dos tercios del Senado. El Gobierno había argumentado que la medida atentaba contra el equilibrio fiscal.
La ley, sancionada en julio, contempla una actualización de los aranceles de los prestadores y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima. Además, establece que las pensiones por invalidez laboral vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión, con acceso garantizado a cobertura médica.
El decreto de veto objetó principalmente el costo de la iniciativa. Según la proyección oficial, la implementación demandaría más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Solo las nuevas pensiones representarían $2,1 billones en el primer año, a lo que se sumarían los gastos de salud y las compensaciones a prestadores.
Sin embargo, esos cálculos difieren de los elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El organismo estimó un impacto más acotado, entre $2,4 billones y $4,3 billones, equivalente a un rango de 0,26% a 0,51% del PBI. De aplicarse únicamente la emergencia en discapacidad, sin los otros agregados, el costo sería todavía menor.
TC