El caso de los audios: la Justicia le prohibió a Diego Spagnuolo salir del país

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El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes la prohibición de salida del país para los cinco imputados en la causa por los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La medida fue dictada a pedido del fiscal Franco Picardi, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución alcanza tanto a Spagnuolo como a otros investigados que fueron allanados durante la mañana, entre ellos Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker propietarios de la droguería Suizo Argentina y Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Durante la jornada se realizaron 14 allanamientos en distintos domicilios, donde se secuestró documentación vinculada a licitaciones de medicamentos, además de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos. No obstante, hasta el momento no hay ningún detenido en la causa, sobre la que pesa secreto de sumario.

Uno de los momentos más relevantes se produjo en Nordelta, en la casa de Emmanuel Kovalivker. Cuando la Policía llegó al lugar, el empresario estaba por salir en su vehículo; en el asiento trasero hallaron sobres con diferentes sumas de dinero que totalizaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones, su celular y su pasaporte.

En paralelo, Spagnuolo no fue ubicado en ninguno de sus domicilios, pero posteriormente fue encontrado dentro de un country en Pilar mientras conducía su auto. Allí se le secuestró el teléfono celular, una computadora y documentación, tal como había solicitado el fiscal Picardi y ordenado Casanello. El dispositivo será sometido a peritaje.

Las medidas judiciales tuvieron carácter de allanamientos y no de detenciones, y buscan recolectar pruebas para avanzar en la causa iniciada a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón.

La presentación pide investigar posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y la eventual existencia de una asociación ilícita.

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