Un tribunal federal confirmó una medida cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la ley que actualiza salarios y becas en las universidades públicas, desestimando los argumentos oficiales sobre el impacto fiscal.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. El fallo rechazó la apelación del gobierno nacional y cuestionó sus argumentos, calificándolos de «poco serios».
La medida judicial exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de salarios para docentes y no docentes de universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron que el impacto fiscal de aplicar la cautelar es bajo y no afecta sustancialmente el interés público. En su lugar, destacaron que está en juego un derecho central de la Constitución: la educación superior pública.
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y respaldada por más de 40 universidades públicas. En aquella oportunidad, el magistrado consideró que el decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la ley tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta».
Por su parte, el Gobierno nacional había calificado la decisión judicial como «arbitraria», argumentando que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas en el Presupuesto, una competencia que, según su postura, corresponde al Congreso y no al Poder Judicial. La Cámara desacreditó en su fallo las advertencias oficiales sobre posibles efectos en el equilibrio fiscal.
El conflicto tuvo una fuerte repercusión social entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales en Buenos Aires y diversas provincias, que rechazaban el veto presidencial a la ley ya aprobada por el Parlamento.
Actualmente, la estrategia oficial apunta a elaborar una nueva ley que modifique, sin derogar, el esquema financiero actual, buscando un consenso político para su aprobación en el Congreso. Desde la Secretaría de Educación se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue recursos y seguridad jurídica a las universidades.